La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizará, del 7 al 9 de octubre, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, su cuadragésimo primer período de sesiones, la reunión bienal más importante de esta comisión regional de las Naciones Unidas. En el encuentro de alto nivel, la CEPAL presentará su análisis sobre cómo gestionar las transformaciones productivas, sociales y ambientales que la región necesita para prosperar en el nuevo contexto geopolítico y geoeconómico mundial.

Durante la cita internacional, en la que participarán autoridades de los 45 Estados miembros y los 14 miembros asociados de la CEPAL, representantes del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales, además del sector privado y la academia, los países tendrán la oportunidad de debatir sobre el desarrollo económico, social y ambiental de la región, conocer sobre la labor de la Comisión durante el período anterior y fijar las prioridades del programa de trabajo de los próximos años.

La reunión será inaugurada oficialmente el miércoles 7 de octubre a las 14:30 horas locales (UTC/GMT -4) por Luis Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana, y José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

El máximo representante del organismo regional de las Naciones Unidas presentará a los países de la región el documento de posición titulado Gestión de las transformaciones en una era de rupturas, que examina el “cambio de juego” en las condiciones externas para el desarrollo, con el propósito de comprender, anticipar y navegar de forma exitosa el nuevo contexto global. Asimismo, avanza en la reflexión sobre los posibles caminos para enfrentar los desafíos del desarrollo —los “cómo”— introduciendo un nuevo marco analítico sobre gobernanza e institucionalidad, centrado en el paradigma de las capacidades transformadoras como condición para impulsar cambios estructurales sostenibles.

El Diálogo de Cancilleres y Altas Autoridades, concebido como un espacio privilegiado de reflexión política y diálogo estratégico sobre el futuro de América Latina y el Caribe, incluirá el jueves 8 de octubre la presentación del informe de la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, con la participación de varios miembros de la Comisión.

El programa incluye también un seminario técnico de alto nivel en el que se examinará en profundidad el documento de posición, organizado en torno a tres mesas temáticas: i) una nueva etapa en la integración regional: qué hacer y cómo avanzar; ii) transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo productivo; y iii) macroeconomía para el desarrollo y fiscalidad sana y fuerte.

La reunión marcará el inicio del ejercicio de la presidencia de la CEPAL por parte de República Dominicana, que se extenderá hasta el próximo período de sesiones en 2028, y el término de la presidencia actual, que ejerce el Perú desde el 40⁰ período de sesiones, realizado en Lima en 2024.

El programa completo de la reunión, así como información general, está disponible en el sitio web especial del encuentro: https://periododesesiones.cepal.org/41/es

Varias fuentes

La promesa revolucionaria de los años 70 de construir un país libre de dictaduras se ha transformado en un aparato estatal que utiliza la fuerza militar y policial para sostener un régimen familiar.

 Investigaciones recientes revelan que el Ejército y la Policía Nacional han sido reorganizados para reprimir y disciplinar a la población, desplazando su función de protección frente al crimen común.

Un informe de Expediente Abierto documenta que Nicaragua consolidó un Estado policial institucionalizado, donde las fuerzas armadas y policiales operan bajo una lógica subordinada al poder ejecutivo.

 El gasto en seguridad y defensa se ha convertido en una herramienta de control político más que en una respuesta a desafíos criminales. Además, se señalan vínculos sistémicos entre actores gubernamentales y redes del narcotráfico, lo que convierte al Estado en parte de una estructura híbrida entre élites políticas y crimen organizado.

La represión es constante y brutal. Entre junio y julio de 2026, el Monitoreo Azul y Blanco registró 109 víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo 31 detenciones arbitrarias, 16 desapariciones forzadas y 5 menores de edad afectados. La Policía Nacional, junto a grupos paramilitares encapuchados, ejecuta esas acciones como brazo represor del régimen.

El patrón es claro: terrorismo de Estado mediante detenciones, desapariciones, confiscación de bienes y suspensión de credenciales profesionales. La represión alcanza incluso a simpatizantes sandinistas críticos, demostrando que el aparato policial y militar funciona como un mecanismo de castigo y control social.

El presupuesto nacional de 2026 refleja esta prioridad: la Policía recibió 5,622.2 millones de córdobas, el Ejército 5,322.7 millones y el Ministerio del Interior 2,040.9 millones, sumando más de 12,985 millones de córdobas para instituciones represivas. Este aumento de 1,783 millones respecto a 2025 confirma que la represión es la verdadera política de Estado.

En paralelo, el gasto militar estimado por el Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo SIPRI), alcanzó 118 millones USD (0.6 % del PIB), un incremento del 2.6 % respecto a 2025.

En este contexto, Nicaragua enfrenta una situación donde el Ejército y la Policía no protegen a la ciudadanía, sino que garantizan la permanencia de una dictadura familiar, consolidando un modelo de Estado criminal y represivo.

La situación ha generado alarma internacional. El Consejo Permanente de la OEA, mediante la resolución CP/RES. 1301 (febrero 2026), expresó su profunda preocupación por la represión, la eliminación de garantías constitucionales y el uso indebido de mecanismos internacionales para perseguir opositores. Posteriormente, la resolución CP/RES. 1317 (agosto 2026) convocó a una reunión urgente de cancilleres, al considerar que en Nicaragua ya no existe democracia representativa.

El 19 de julio de 2026, durante el aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega declaró que en Nicaragua “ya no habrá más elecciones”, confirmando la intención de perpetuarse en el poder y cerrando cualquier vía institucional de alternancia democrática.

A ello se suma un fenómeno que el Gobierno debe reconocer oficialmente: el exilio forzado de miles de nicaragüenses, provocado por la criminalización de la disidencia, la instrumentalización del sistema judicial y el debilitamiento de la democracia. Este éxodo político ha vaciado universidades, medios y organizaciones civiles, dejando al país sin voces críticas.

La historia se repite: de la lucha contra una dictadura a la consolidación de otra, Nicaragua enfrenta hoy un monopolio familiar del poder, los medios y las fuerzas armadas, con graves consecuencias para la libertad y la estabilidad regional.

Comparativo de gasto militar en Centroamérica (2026, estimaciones SIPRI)

 Guatemala: Lidera en gasto absoluto, pero su proporción del PIB es baja, lo que indica un ejército relativamente grande pero con menor peso económico.

Honduras y El Salvador: Son los países con mayor esfuerzo militar relativo, superando el 1 % del PIB. En El Salvador, el gasto se vincula a la política de seguridad contra pandillas; en Honduras, a la defensa fronteriza y estabilidad interna.

Nicaragua: Aunque su gasto militar es bajo comparado con vecinos, se destina principalmente a mantener el control interno y la represión, más que a defensa externa. Esto se refleja en el uso del Ejército y la Policía como instrumentos de terrorismo de Estado.

Costa Rica y Panamá: Se mantienen como excepciones regionales, sin ejército y con gasto militar nulo, aunque con inversión en fuerzas policiales y seguridad civil.

NICARAGUA ES RESPONSABLE POR LA DETENCIÓN ARBITRARIA, LOS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES Y DEPORTACIÓN ILEGAL DE JASON PURACAL Y LAS AFECTACIONES A SU FAMILIA

San José, Costa Rica, 13 de agosto de 2026. En la Sentencia del Caso Puracal y otros Vs. Nicaragua, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria del señor Jason Zachary Puracal, así como por los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos durante su privación de libertad. Asimismo, debido a las condiciones de su encarcelamiento, declaró que el Estado le violó los derechos a la salud, al agua y al saneamiento.

La Corte declaró además la violación a las garantías judiciales, a la presunción de inocencia, a la honra y dignidad, al derecho a la asistencia consular y a la protección judicial por la forma en que se produjeron la detención y el posterior proceso penal seguido en contra del señor Puracal. Asimismo, subrayó las afectaciones a la vida privada por la realización de un allanamiento nocturno ilegal en presencia de su hijo mayor. La Corte también determinó que los hechos del caso impactaron también los derechos de su esposa, su hijo mayor, sus hermanas y su madre.

El resumen oficial y el texto íntegro de la Sentencia pueden encontrarse aquí.

El caso se relaciona con la detención del señor Jason Puracal, ciudadano estadounidense, en el marco de una investigación por tráfico de drogas. El 11 de noviembre de 2010, la Policía allanó su oficina y su vivienda. Los agentes iban con sus rostros cubiertos, incautaron bienes que no fueron devueltos y el allanamiento carecía de orden judicial válida. El allanamiento de su vivienda se realizó en horario nocturno y en presencia de sus familiares, en particular de su hijo de tres años. El señor Puracal fue detenido y trasladado sucesivamente a la estación de San Juan del Sur, a la cárcel de Rivas, a «El Chipote» y finalmente a «La Modelo», sin registros claros de su paradero durante varios días. Posteriormente, se dictó prisión preventiva de manera automática en aplicación del artículo 173 del Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos, debido a que estaba siendo investigado por tráfico de drogas. Estuvo más de 21 meses privado de libertad en condiciones de hacinamiento, con un acceso limitado al agua potable y sin una atención médica adecuada. El juicio seguido en su contra estuvo marcado por múltiples retrasos y por violaciones a las garantías del debido proceso. En septiembre de 2012, el Tribunal de Apelaciones anuló el proceso y ordenó su libertad. Luego de su liberación, el señor Puracal fue deportado hacia los Estados Unidos.

La Corte consideró que la detención del señor Puracal fue ilegal y arbitraria, y desconoció el derecho a la asistencia consular. Asimismo, consideró que la forma en que se realizó la detención y su exhibición en las calles de San Juan del Sur a bordo de un vehículo policial implicó una afectación a su derecho a la honra y a la presunción de inocencia. Por otra parte, las condiciones carcelarias a las que fue expuesto fueron calificadas por la Corte como tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, el Tribunal analizó la falta de atención médica, de acceso a agua potable y a condiciones de saneamiento que implicaron también una violación al artículo 26 de la Convención.

Sobre el allanamiento domiciliar, realizado en horario nocturno y en presencia de un niño de tres años, la Corte consideró que el Estado de Nicaragua debió haber tomado medidas específicas para prevenir la ocurrencia de daños físicos y mitigar el impacto emocional de la intervención en un niño que estaba en una especial situación de vulnerabilidad debido a su corta edad y al tener una discapacidad.

Por otra parte, la Corte consideró que la detención y la posterior deportación ilegal y arbitraria tuvieron efectos en su núcleo familiar, en particular en sus dos hijos. Asimismo, estos hechos y la búsqueda de justicia también impactaron la integridad física y psíquica de sus hermanas y su madre, quienes participaron activamente en su defensa y velaron por su bienestar mientras se encontraba privado de libertad. Finalmente, y tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas, la Corte consideró el impacto al proyecto de vida del señor Puracal, su esposa Scarlette Flores, su hijo mayor J.P.F. y su hermana Janis Puracal.

La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado diversas medidas de reparación incluyendo adecuar su ordenamiento jurídico en materia de prisión preventiva oficiosa, para que sea compatible con la Convención Americana y tomar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles “La Modelo” y “El Chipote” se conformen a las normas internacionales de derechos humanos.

Foto: OEALa Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Brasil firmaron un acuerdo sobre las garantías e inmunidades de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, que supervisará las elecciones generales previstas para el 4 de octubre de 2026, con una posible segunda vuelta, de ser necesaria, que se celebraría el 25 de octubre.

El acuerdo fue firmado en la sede de la OEA en Washington, D.C., por el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, y el Representante Permanente de Brasil ante la OEA, Benoni Belli.

El embajador Belli reconoció «la importancia y la profesionalidad del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA» y elogió su labor «sobre el terreno, observando, pero también después de las elecciones, proporcionando a todos los gobiernos de la región valiosas recomendaciones para mejorar todo el proceso; no solo el sistema electoral en sí o la forma en que se organizan las elecciones y se lleva a cabo la votación, sino también el sistema de recuento de votos».

El secretario general Ramdin afirmó que Brasil tiene «uno de los electorados más grandes del hemisferio que acudirán a las urnas: casi 160 millones de personas. No es una tarea sencilla, y esto requiere un equipo sólido sobre el terreno».

El secretario general Albert R. Ramdin nombró al ex senador chileno y ex ministro de Relaciones Exteriores, y también ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, como jefe de misión para las elecciones de octubre.

Desde 2018, la OEA ha observado cuatro procesos electorales en Brasil. Esta será la quinta Misión de Observación Electoral de la Organización en el país.

Nicaragua , proyectos financiados por el Banco Mundial

La falta de un Especialista Sénior en Adquisiciones con experiencia internacional, una plaza obligatoria según los convenios del proyecto (PASEN II),  se justificó principalmente bajo el argumento de que la administración no consideró necesaria su contratación.

De acuerdo con los descargos presentados por la administración del proyecto a los auditores, la justificación se basó en los siguientes puntos:

• Equipo fortalecido: La administración afirmó que su equipo de adquisiciones ya se encontraba «debidamente fortalecido» y que esta situación era del pleno conocimiento del equipo de gerencia del Banco Mundial.

• Asunción de funciones: Las tareas que correspondían al especialista internacional fueron desarrolladas por la coordinadora de adquisiciones del proyecto.

• Finalización del proyecto: Dado que el proyecto PASEN II finalizó el 31 de diciembre de 2017, la administración alegó que ya no era pertinente realizar una solicitud formal de enmienda al convenio para eliminar dicho requerimiento de personal.

A pesar de estas explicaciones, la auditoría mantuvo el hallazgo como un incumplimiento, señalando que si la plaza no se requería, se debió comunicar formalmente al Banco Mundial para obtener su «no objeción» y así evitar violar las disposiciones fiduciarias del contrato.

La falta del Especialista Sénior en Adquisiciones con experiencia internacional tuvo efectos negativos directos y potenciales en la capacidad de supervisión y control del proyecto por parte del Banco Mundial:

• Seguimiento inadecuado de actividades: Según el informe de auditoría, la ausencia de este especialista pudo generar un inadecuado seguimiento a la ejecución de las actividades programadas. Esto dificultó asegurar que el proyecto avanzara según el cronograma y los estándares técnicos acordados.

• Riesgo de incumplimiento de objetivos: La carencia de este perfil técnico clave puso en riesgo el cumplimiento de los objetivos propuestos para el proyecto, ya que no se contaba con la supervisión experta necesaria para manejar procesos de adquisiciones complejos.

• Violación de las disposiciones fiduciarias: Al no contratar al personal exigido en el convenio (y sus enmiendas), la administración incurrió en un incumplimiento de las cláusulas contractuales. El Banco Mundial establece estos cargos como requisitos obligatorios para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los fondos.

• Debilidad en el monitoreo a través de sistemas oficiales: La auditoría vinculó la falta de personal adecuado con deficiencias en el sistema SEPA (plataforma web para monitorear el avance real de los procesos de adquisiciones). Se comprobó que las fechas reales de los procesos no se incorporaban oportunamente, lo que impidió que el Banco Mundial y otros usuarios monitorearan el avance y el cumplimiento de las fechas establecidas.

• Falta de comunicación formal: Al no existir este especialista, la administración tampoco gestionó formalmente ante el Banco Mundial la «no objeción» para eliminar la plaza, lo que perpetuó una situación de irregularidad administrativa durante el cierre del proyecto.

La falta del especialista internacional y las deficiencias administrativas asociadas afectaron significativamente la transparencia de las contrataciones en los proyectos educativos, impactando principalmente en la capacidad de supervisión y en la publicidad de los procesos.

Los efectos principales en la transparencia fueron los siguientes:

• Imposibilidad de verificación independiente: La auditoría señaló que la falta de documentación técnica y soportes adecuados en los expedientes impide verificar si las contrataciones se efectuaron realmente bajo los principios de economía y eficiencia establecidos por el Banco Mundial.

• Ocultamiento de las etapas de licitación: Una de las irregularidades más graves fue la falta de publicación de las actas de apertura de ofertas en el sistema SISCAE. Al no publicar estos documentos, se eliminó la posibilidad de que otros competidores o el público general conocieran quiénes participaron y qué montos ofrecieron en el momento de la apertura, lo cual es vital para evitar colusiones o manipulaciones posteriores.

• Opacidad en la selección de consultores: Se detectaron numerosas contrataciones directas de consultores individuales sin la justificación técnica requerida para evitar un proceso competitivo. Además, se contrató a personas que no cumplían con los años de experiencia mínima o los perfiles profesionales exigidos en los Términos de Referencia, lo que sugiere una falta de criterios objetivos en la selección.

• Debilidad en el monitoreo del Banco Mundial: La administración no incorporó oportunamente las fechas reales de los procesos de adquisición en el sistema SEPA. Esto bloqueó la capacidad del Banco Mundial y otros usuarios para monitorear el avance real del proyecto y comprobar si se estaban respetando los plazos legales y contractuales.

• Falta de rigor en los expedientes físicos: Muchos expedientes se encontraron incompletos, careciendo de órdenes de compra, actas de entrega o contratos debidamente rubricados. Los auditores concluyeron que esta situación fue causada por una «falta de monitoreo y supervisión» efectiva sobre el área de adquisiciones.

En conjunto, estos factores crearon un entorno donde la rendición de cuentas se vio comprometida, al no existir registros confiables ni públicos que permitieran validar la integridad de las decisiones tomadas por la administración del proyecto

En la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, realizada el día de hoy martes 6 de enero 2026,  en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington,  para considerar los acontecimientos del 3 de enero en la República de Venezuela, donde mediante una operación militar las fuerzas armadas de Estados Unidos sustrajeron a Nicolas Maduro Moros  y a su Esposa Cilia Flores, acusados por narcotráfico y otros delitos.

El Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, reconoció que el valor del multilateralismo y del Inter americanismo quedo demostrado una vez más como un instrumento valioso en el Hemisferio, luego de la intervención de cada uno de los miembros del Consejo que de manera respetuosa y ordenada expusieron sus puntos de vista y consideraciones sobre lo acontecido.

Dio lectura a un extenso comunicado reconociendo que los Estados Miembros presentaron sus análisis, argumentos y posiciones con respecto a los recientes acontecimientos en Venezuela. «Esa apertura no es una simple cortesía. Es una piedra angular de nuestra legitimidad colectiva y de nuestra capacidad para resolver problemas reales» detallo. Agradeció a los Estados Miembros por sus opiniones, sugerencias constructivas y su visión de futuro.

Comprometiéndose a que La Secretaría se guiará por las opiniones expresadas hoy en este Consejo Permanente extraordinario pidió a los representantes permanentes ser más que un foro para declaraciones.»El intercambio de información y puntos de vista es esencial, sin duda, pero no es suficiente para mejorar la vida de los pueblos de las Américas, nuestras palabras deben conducir a una acción coordinada, basada en principios y sostenida. Reconoció: «No estamos aquí solo por buena voluntad y solidaridad, estamos aquí porque la Carta de la OEA lo exige; porque los propios Estados Miembros así lo desean».

Estimo que la Carta de la OEA y el marco jurídico interamericano no son una sugerencia, sino una obligación y una responsabilidad moral, reflejan el propósito mismo para el cual se creó la OEA en 1948, que sigue siendo válido hoy en día. En un mundo más complejo, las instituciones multilaterales no son opcionales. Son indispensables. Hemos escuchado todos estos sentimientos expresados aquí hoy.

Si la democracia, los principios fundamentales del derecho internacional y el marco jurídico interamericano están en peligro, como ya ha sucedido en nuestro hemisferio, ahora en Venezuela, el hemisferio debe actuar colectivamente para restablecer las normas y principios aceptados.

Esto requerirá un compromiso constructivo entre los Estados Miembros de la OEA, pleno apoyo y, sin duda, también en Venezuela. Debemos reafirmar la importancia de la unidad en la región americana, reconociendo la diversidad de opiniones, al tiempo que subrayamos la responsabilidad compartida de preservar la paz y la estabilidad en el hemisferio.

Deseo recordar que los Estados Miembros son la base de esa unidad. Existe una adhesión compartida al derecho internacional y al marco jurídico interamericano, que proporciona un punto de referencia común para el diálogo y la reflexión colectiva, incluyendo el respeto a la soberanía, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

Debemos tener claro que la cooperación no requiere consenso en todos los temas, sino compromiso con los procesos de paz, respeto mutuo y diálogo institucional. Por lo tanto, invitamos a los Estados Miembros, individual y colectivamente, a considerar cómo su participación, dentro de sus propios enfoques y principios, puede contribuir a la estabilidad, el diálogo y la obtención de resultados constructivos.

La OEA está preparada dijo; para apoyar a Venezuela y a nuestros Estados Miembros mediante líneas de acción complementarias y mutuamente reforzadas, orientadas a restablecer la confianza, fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la gestión pública y fomentar una gobernanza sostenible. Esto solo para presentar una primera lista de formas de apoyo. Ponemos a disposición nuestros buenos oficios para facilitar una plataforma de diálogo inclusivo entre los actores de la sociedad venezolana.

Finalmente, la OEA, en colaboración con agencias especializadas regionales e internacionales, puede contribuir de manera significativa, a nuestro juicio, a abordar los desafíos relacionados con la migración y la situación de los grupos y las condiciones de vulnerabilidad, en apoyo de la cohesión social y la resiliencia democrática.

Esta es una breve lista, una visión general de alto nivel de lo que la Secretaría de la OEA puede ofrecer para crear un espacio para el retorno democrático de la sociedad venezolana y brindar legitimidad a quienes van a gobernar. Por lo tanto, la OEA está dispuesta a colaborar en este proceso.

Lo que en apariencia parecía un hobby de los jóvenes pasajeros de un Bus de transporte colectivo hacia Matagalpa Norte de Nicaragua, resulto ser una falla mecánica.

En una carretera de Nicaragua un tanto desolada, transitaba un Bus color amarillo, grabado por las cámaras de un celular de una persona que viajaba en otro vehículo detrás de él.

Se observa en las imágenes que los pasajeros abren la puerta trasera del Bus y sorpresivamente sin mediar las consecuencias del acto empiezan a tirarse uno por uno con el bus en marcha.

Muchos seguro resultaron con lesiones en su extremidades.

Del vehículo donde van grabando se escucha lamentos de mujeres y niños por que en una curva el bus que al parecer iba sin frenos se salio de la carretera chocando en un barranco.