Reporteros sin Fronteras (RSF) alertó al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión y a su homólogo de la CIDH sobre el desplazamiento forzado de periodistas que se ven obligados a exiliarse en otras regiones del país durante largos periodos por cuestiones de seguridad. Las consecuencias que tienen estos desplazamientos forzados internos –a corto o a largo plazo– en la libertad de prensa son desastrosas. Esta es la situación.
RSF alertó sobre esta problemática al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, quienes estuvieron en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, en visita conjunta sobre la situación de los periodistas víctimas de desplazamiento forzado. El que los reporteros se vean obligados a dejar su lugar de residencia debido a las amenazas de muerte en su contra es una tendencia cada vez más alarmante en México.
Tan sólo en el año 2017, RSF dio seguimiento a 9 casos de periodistas mexicanos que padecían amenazas, habitaban en algunos de los estados más violentos del país (Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California y Michoacán) y habían optado por dejar sus ciudades de origen por razones de seguridad, algunos de ellos acompañados de sus familias. La mayoría de estos reporteros contaban con las medidas urgentes del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se refugiaron en la Ciudad de México. De 2010 a la fecha 13 periodistas se encuentran refugiados fuera del país.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha registrado más de 300.000 casos de mexicanos, de todas las profesiones, que han debido desplazarse en el país desde 2009. Una cifra preocupante y una tendencia que podría continuar en 2018 si se considera el grado de violencia en México. En 2017, RSF contabilizó 11 casos de periodistas asesinados en los que el crimen estuvo relacionado con su profesión, lo que hace de México el segundo país más mortífero del mundo para la prensa. La situación es aún más preocupante en vista del proceso electoral que tendrán lugar en 2018 (en junio se realizarán elecciones presidenciales, legislativas y de gobiernos estatales); en este periodo los periodistas suelen padecer más agresiones (puede consultarse el Manual de Seguridad para Periodistas elaborado por la UNESCO y RSF, en el que se habla de la cobertura periodística en periodo electoral).
Una bomba de tiempo
Los desplazamientos forzados internos tienen numerosas consecuencias. En primer lugar, tienen un impacto psicológico en las víctimas, quienes además de padecer aislamiento experimentan un sentimiento de culpabilidad frente a su familia y sus colegas. Esta situación suele engendrar una rápido deterior de su estado de salud y el de su familia.
Asimismo, los desplazamientos forzados tienen repercusiones económicas. La mayoría de las veces las víctimas deben gastar sus ahorros o vender sus bienes para subvenir a sus necesidades básicas, poder abandonar su casa, pagar alquileres, etc. También afecta a las autoridades. A falta de una política global, los diferentes organismos encargados de tratar el problema –el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)– no tienen una buena comunicación entre ellos y es difícil que encuentren soluciones a largo plazo para las víctimas. Esta burocracia implica un costo económico y conlleva una gran pérdida de tiempo.
Finalmente, estos desplazamientos forzados generan pérdida de empleos, así como agujeros negros de la información, como sucede en el estado Tamaulipas, por ejemplo.
“2017 fue un año muy violento para la prensa mexicana. Las autoridades deben, con urgencia, elaborar un plan de acción concreto y una política global para poner fin a las amenazas y la represión que padecen los periodistas, y acabar así con las causas de este fenómeno. Los desplazamientos forzados internos tienen consecuencias dramáticas en la libertad de expresión; debe crearse un plan de acompañamiento integral y personalizado para las víctimas”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF.
RSF ha advertido también a la cámara de diputados sobre el tema. En espera de acciones concretas de las autoridades frente al desplazamiento forzado interno de periodistas, RSF hace tres recomendaciones al gobierno mexicano:
1. Que elabore un verdadero diagnóstico nacional sobre este fenómeno y cree una política pública global clara, que ofrezca acompañamiento a las víctimas ya identificadas, e incluya un plan de prevención.
2. Que mejore la coordinación entre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CEAV y la FEADLE, y establezca medidas especiales de atención a las víctimas que contemplen un acompañamiento integral: ayuda psicológica y financiera, un plan de apoyo para el retorno de periodistas a su comunidad, etc.
3. Que la CEAV tome más en cuenta las características particulares de las víctimas, que en 2018 mantenga su fondo especial de ayuda a periodistas, creado en junio de 2017 (que asciende a 10.000.000 de pesos, unos 446.000 euros), y que use ese fondo con mayor transparencia.
En 2017 México ocupa el lugar 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF.
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